Yo elijo. El derecho a la ciudadanía de las Personas con Discapacidad a través de su participación política.

Yo elijo. El derecho a la ciudadanía de las Personas con Discapacidad a través de su participación política. 

Problemas de atención para los votantes con discapacidad. 

Dr. Elias Levin Rojo. La Pirinola AC /UAM Xochimilco, México 
Yael Lugo García. La Pirinola AC /UAM Xochimilco, México 
Natasha Murga Chávez. La Pirinola AC /UAM Xochimilco, México 

Resumen 

El presente estudio se centra en los problemas de atención para las personas con discapacidad (Pcd) para que puedan ser partícipes de la vida política y pública. Aquí damos cuenta de una investigación acción que se centró en los problemas de atención para los votantes con discapacidad en México llevada a cabo durante el proceso electoral del 2012. 

Es nuestro interés conocer la manera en que las Pcd participan del ejercicio de ciudadanía considerado más importante: el voto, así como dar cuenta de la generación de experiencias novedosas de participación ciudadana, como la organización de un observatorio del voto desde la discapacidad. Aunque en el proceso electoral se contempla la participación de Pcd, las políticas de atención a esa comunidad muestran una cultura de la discapacidad deficiente, por lo que es importante hacer conciencia a las instituciones electorales que el programa de voto para personas con discapacidad tiene que ser desde la discapacidad, considerando las opiniones y perspectiva de estas personas. 
Quienes viven la condición, requieren empezar a trabajar con sus derechos, con su responsabilidad como ciudadanos y buscar el desarrollo del grupo al que pertenecen. Este documento refiere un proyecto piloto que amplía los horizontes de participación ciudadana de la discapacidad  al tiempo que contribuye a levantar conciencia institucional e individual de las carencias que en la materia persisten. 

Los resultados visibilizan el problema con el fin de repensar las políticas públicas que se practican en ese ámbito y podrán servir de punta de lanza para revisar otros ámbitos de funcionamiento institucional. Palabras clave: Elecciones y discapacidad, ciudadanía en divergencia funcional, derecho a la participación política Disability and elections, Functional divergence and citizenship, Political participation right. TEXTO EN EXTENSO 

Introducción 
El presente estudio se centra en los problemas de atención para los votantes con discapacidad para que puedan ser participes de la vida política y pública. Aquí damos cuenta de una investigación acción que se centró en los problemas de atención para los votantes con discapacidad en México llevada a cabo durante el proceso electoral del 2012. Se trata de un proyecto piloto que amplía los horizontes de participación ciudadana de la discapacidad  y contribuye a levantar conciencia institucional e individual de las carencias que en la materia persisten. 
Es nuestro interés conocer la manera en que las personas con discapacidad (Pcd) participan del ejercicio de ciudadanía considerado más importante: el voto. Aunque en el proceso electoral está contemplada su participación, las políticas de atención a ésta comunidad muestran una cultura de la discapacidad deficiente, más aún cuando se involucra la participación de ciudadanos "de a pie" en el control de la jornada de voto. La deficiente atención a Pcd durante el proceso electoral es causada por prejuicios sociales entre los que se incluye su valoración como ciudadanos de segunda, su consideración como sujetos incapaces de valerse por sí mismos y por tanto de ejercer juicios que potencialmente afecten a la mayoría y la creencia de que la comunidad es poco significativa. 
Como consecuencia son impedidos o limitados en su ejercicio electoral y se perpetua un círculo vicioso que se resume en una desvalorización de su condición de ciudadanos y en limitaciones en sus derechos humanos y su autonomía. 

Debido al prejuicio las Pcd no son consideradas como actores capaces de participar de la vida política y pública y sólo se les considera como potenciales votantes. Aun si en ese terreno sus necesidades parecen ser tomadas en cuenta mediante la existencia de materiales de apoyo para el voto, en la práctica, dichos materiales rara vez son considerados por los funcionarios quienes por lo general desconocen su existencia y formas de uso. 

Asimismo las Pcd suelen ver su participación limitada por considerárseles incapaces, no sólo en el espacio de la casilla sino desde su propio entorno familiar, lo que redunda en su exclusión del ejercicio, desde su falta de registro en las listas electorales hasta su permanencia en casa durante la jornada electoral. Tampoco son sujetos de participación en la vida política nacional para ser electos o cumplir responsabilidades ciudadanas como la de ser funcionario de casilla, pues la discapacidad es un criterio para eximírseles de dichas responsabilidades. 

Es por eso que es importante concientizar a las instituciones para que diseñen los programas de voto para personas con discapacidad desde la discapacidad, para que dejen de ser actos de buena voluntad. Antecedentes Ejercicios que fomenten la participación política -electoral de Pcd son pocos en el mundo, la mayor parte de las veces se concentran en el anuncio retorico del derecho a que haya representantes de elección popular que vivan con discapacidad siguiendo una lógica de cuotas que no es necesariamente eficiente para el diseño de procesos incluyentes o de estrategias para facilitar el voto y la participación de Pcd. 

Se mencionan sin embargo experiencias recientes en América Latina como el uso de plantillas braille y la capacitación a los funcionarios de casilla en Perú, la habilitación de mesas para votantes con discapacidad en Venezuela en 2011 o la campaña Voto Asistido en Ecuador en 2012. En México, las autoridades electorales han puesto en práctica algunas estrategias –en el ejercicio de 2006 el IEDF ensayó la introducción de la urna electrónica para facilitar el voto para personas con alguna discapacidad motriz por ejemplo-, sin embargo las practicas reales de inclusión para la participación ciudadana en los procesos electorales, incluyendo la jornada de votación, deja que desear, pues si bien hay el reconocimiento a su derecho, su participación se ve limitada, tanto a nivel reglamentario cuando se indica que una persona privada de sus facultades mentales no puede entrar en casillas, a nivel de ejercicio ciudadano que discrimina a alguien con discapacidad para ejercer como funcionario de casilla o durante las votaciones mismas cuando a pesar de existir materiales de apoyo estos son ignorados por los responsables. 
Aún más, estudios y procesos de observación electoral sobre el tema conducidos y elaborados por Pcd son prácticamente inexistentes. Este ejercicio, junto con el realizado por Fuerza Ciudadana alrededor de participación juvenil en el mismo proceso electoral son los únicos que en México han incorporado de manera activa a Pcd acercándoles a un ejercicio pleno de ciudadanía en el marco de los procesos democráticos. Nuestro ejercicio deviene de un camino exploratorio de más de 6 años. Desde el 2005 transmitimos en la radio ciudadana  un programa hecho por personas  con discapacidad intelectual sobre la cultura de la discapacidad. En 2006  se aborda constantemente el tema del voto y la discapacidad, motivando a que las personas con discapacidad intelectual ejerzan su voto. En ese marco se intenta hacer una emisión especial coincidente con el día de las elecciones pero por instrucciones del IMER ningún equipo ciudadano fue autorizado a transmitir el día de la elección. Sin embargo previamente se entrevistó a funcionarios del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para informar sobre un programa del IEDF que promovía la instalación de urnas electrónicas para Pcd. Para 2009 realizamos una serie de entrevistas con el IEDF para difundir los materiales electorales para las Pcd así como un programa especial con información desde los estados  de la República Mexicana. Esta información recabada fue retransmitida en el Sistema Nacional de Noticiarios del IMER, poniendo el tema del voto y la discapacidad en un contexto de difusión más amplio. 

En mayo del 2011 recibimos una invitación del IEDF para un simulacro de votación para Pcd al cual asistimos con un grupo de Pcd intelectual y discapacidad auditiva. Constatamos serios problemas de atención para  los votantes con discapacidad, que los funcionarios de casilla no reciben capacitación adecuada para el voto de las Pcd y que no conocen la posibilidad de usos de los materiales de apoyo. 

Con estos resultados iniciamos una serie de programas y pláticas con el IEDF sobre el tema y nos involucramos con Notimex para generar materiales de consulta sobre el trato a cada discapacidad durante su proceso de votación cuyo resultado fue la elaboración de documentos llamados Guías de atención por discapacidad. 

Para 2012 organizamos un contingente de observadores electorales con discapacidad que actuó durante la jornada electoral y cuyos resultados reportamos ahora. Discapacidad, ciudadanía y divergencia funcional. 

Conceptualización 
La condición de discapacidad ha generado un marco conceptual de dominio público que conlleva a la exclusión por qué implica una deficiencia en la persona que la coloca en condiciones inequitativas. 

Es necesario superar ese paradigma desde la vida cotidiana, y borrar la noción de que es una anormalidad por corregir, resultado de un hecho trágico sucedido a un individuo (Oliver, 1998). 
Las capacidades del ser humano se miden desde el prototipo de un cuerpo que, si bien es el estándar, no debería ser necesariamente el único modelo a seguir, en tanto cada cuerpo es particular y presenta capacidades específicas. 
El estándar encuentra condiciones más o menos comunes a todos los cuerpos y establece parámetros de acción que apuntan hacia el desarrollo de actividades de maneras preestablecidas, con miras al cumplimiento de metas no emanadas de cada sujeto en particular, sino impuestas desde el sistema en que se inserta, esto exige cierto tipo de capacidades y descarta a aquellos que presentan algún tipo de divergencia. 
Considerando lo anterior el término discapacidad se comprende desde la idea de capacidades funcionales divergentes; y se reconoce que los individuos en esa condición tienen una configuración que establece maneras particulares de hacer y estar en el mundo que deben ser valoradas como equivalentes, y no como anormales. En años recientes, la reconsideración del concepto ha llevado a la noción políticamente correcta, pero aún negativa, de “persona con discapacidad”, que implica un borramiento de las singularidades. 
Se piensa que lo que estas singularidades comparten entre sí es una falta, y se les caracteriza desde ella resaltando el aspecto negativo de la carencia de capacidades. Es necesario preguntarse: ¿quién tiene esa carencia?.
Todo sujeto vive en una condición corporal que determina la forma en la que actúa; en una mayoría de casos, la propia condición corporal no requiere ajustes mayores para la acción y por ello se la califica de estándar; en otros casos, los exige. Frente a ello es la sociedad, en tanto sistema, la que vive con discapacidad al carecer de los instrumentos para incorporar a personas con divergencias funcionales. Sin embargo, como sujetos, todos formamos la sociedad y en cada uno radica la responsabilidad de subsanar esa falta. 

Tratar de superar el paradigma amplía el campo a todas las disciplinas y considera la necesidad de generar políticas de inclusión, no sólo de atención. Pantano (2009), señala que es necesario pensar la discapacidad considerando sus dos caras: ―lo que le pasa al individuo que la padece y lo que acontece en el escenario en que se gesta y transcurre: condición y situación respectivamente-- (Pantano, 2009: 73). Así, la condición de discapacidad refiere a la índole, el carácter o el estado en que se halla una persona debido a problemas de salud que operan sobre su funcionamiento afectándole en sus actividades y participación (Pantano, 2009: 90), y la situación hace referencia al conjunto de factores o circunstancias que tienen que ver con las personas en cuanto puedan estar en condición de discapacidad (Pantano, 2009: 91). 

La discapacidad es cuestión del individuo y de la cultura que le rodea; se origina en un estado que impacta a la persona en su funcionamiento, pero se establece en interacción con su entorno (Pantano, 2009:76), por lo que ha puesto al individuo en situación de desventaja y en una perspectiva negativa. Para trascender esto es necesario actuar en ambos campos, como dice Pantano, habilitar y rehabilitar; prevenir y equiparar; eliminar barreras y generar estímulos para la interacción; reducir el prejuicio y promover la autonomía y la autoestima. Se trata de garantizar los derechos de las Pcd y de hacerlos conscientes de sus obligaciones, tanto como reconocer los derechos y las obligaciones de quien no la vive para promover una ciudadanía en equidad. 

Participación política ciudadana desde la divergencia 
El debate de los derechos de las Pcd se ha situado en el nivel de garantizar la posibilidad de su ejercicio, pero no en la manera en que esos derechos se ejercen efectivamente. 
Se promueve el derecho al derecho pero no se planifican las formas en que esos derechos se disfrutan efectivamente. Si bien en la sociedad contemporánea todos los actores sociales aceptan y reclaman la necesidad de la participación política y ciudadana, y su cumplimiento es reconocido por la mayoría como deseable y jurídicamente válido, es frecuente que, en el caso de las Pcd, éstas apenas tengan voz en los procesos civiles y políticos; incluso cuando se hacen oír, no siempre se les atiende. 

A pesar de la suma de esfuerzos para promover políticas que propicien una integración social de las Pcd, es evidente su escasa participación ocupando espacios políticos. ―En abril de 2007 Jaime Pérez, se convirtió en el segundo diputado local con una discapacidad (visual). Pérez recalcó que el único antecedente que existe en el país respecto a un invidente es el de Ignacio León Robles, quien integró la Asamblea Legislativa del Distrito Federal-- Las políticas de Estado desarrolladas hasta ahora hacia la discapacidad -a través de programas y proyectos- mantiene serias deficiencias sobre la realidad específica de ésta población. 

En el caso de su acción política las Pcd ven restringida su participación exclusivamente al voto y de manera limitada ― en las elecciones federales del 2012 estaba vigente el artículo 266 del COFIPE que prohibía el acceso de personas privadas de su facultades mentales a las casillas equiparándolas con personas en estado de ebriedad o bajo el influjo de las drogas en una clara violación de los derechos de las Pcd motivada en una perspectiva discriminatoria-. 
En las distintas reglamentaciones se enuncia la igualdad de derechos políticos pero no hay estrategias reales y efectivas para su ejercicio en equidad considerando las divergencias funcionales, por ejemplo el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral (ahora INE) por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2005-2006, garantiza la igualdad de oportunidades y la no discriminación, aunque en sus apartados señala la forma de ayudar a las Pcd a ejercer su derecho a voto, nunca menciona las estrategias de capacitación a los funcionarios de casilla para hacer efectiva la participación de las Pcd y tampoco considera mecanismos para permitir que ciudadanos con discapacidad sean entrenados para cumplir con sus obligaciones democráticas en caso de ser insaculados, de hecho la condición de discapacidad se erige como factor para impedir que sean funcionarios. 

Como marca el informe de observación electoral de Fuerza Ciudadana (2012) “Las Pcd no encuentran cabida en espacios de participación política, la condición de discapacidad termina por confinarlos a una exclusión permanente, misma que extingue toda posibilidad de asirse a una identidad política, como sujetos activos y actores sociales participativos amparados bajo el carácter ciudadano, su capacidad y representación jurídica ante el Estado y sus instancias gubernamentales no ha sido evidenciada, ni reconocida.” Desde la perspectiva del artículo 34 de nuestra Constitución las particularidades que requiere un individuo para poder ser llamado ciudadano son: tener la nacionalidad mexicana, haber cumplido 18 años y gozar de un modo honesto de vida. 

Uno de los límites del concepto de ciudadanía es ser menor de edad en tanto un menor carece de autonomía económica y por tanto es considerado incapaz de ejercer sus derechos políticos. También asociado a lo económico, se encuentra la noción “modo honesto de vivir”, que implica la capacidad de sustentar la propia solvencia por medio del empleo u otros recursos lícitos, lo que tiene que ver con el papel del individuo en la economía siendo ese el punto de partida para su reconocimiento como sujeto de derechos. 

En muchos casos las Pcd, son considerados individuos que no pueden ser responsables de su persona y mucho menos de su capacidad económica. En el caso de quienes viven con alguna discapacidad intelectual, se dice que carecen de voluntad y su limitación clínica juzgada desde el marco jurídico les ha impedido ejercer sus derechos como ciudadanos, así, dado que el ejercicio de los derechos políticos es personal y nadie puede ejercerlos en su nombre, en la práctica del voto, por normativa, no pueden ser auxiliados. 

El Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que ―todos los ciudadanos gozan del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, el derecho de votar y ser votados en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Sin embargo las leyes pueden limitar la condición de ciudadanía y el ejercicio de derechos y oportunidades por razones mentales, entre otras. 

En el caso de las Pcd existe una inalterable asignación de incapacitado, que implica la posibilidad de la asignación judicial de un tutor que pueda actuar en su nombre, aún después de cumplir la mayoría de edad. La capacidad entonces sería la aptitud legal de una persona para ejercer y ser sujeto de derechos y obligaciones, en este sentido la capacidad tiene una doble dimensión: la capacidad de goce; la posibilidad para ser titular de derechos y obligaciones y la capacidad de ejercicio que refiere a la aptitud del sujeto para practicar derechos y cumplir con obligaciones. 

El 17 de diciembre de 2007, México ratifico su adhesión a la Convención sobre los derechos de las Pcd, con lo que se crea una serie de exigencias hacia el Estado mexicano quien además de comprometerse a implementar mejoras sustantivas para brindar una calidad de vida óptima en este sector de la población, se obliga a promover ante todo el cambio de paradigma basado en un enfoque que reconozca que en tanto las Pcd son igualmente titulares de derechos -como el del voto-, es preciso subsanar las discapacidades que el cuerpo social tiene para garantizar, en equidad de acción, la condición de ciudadanía de las personas con divergencia funcional. Para ello se requiere el diseño de estrategias diferenciadas que permitan el libre ejercicio de los derechos a cada uno de los miembros de la sociedad lo que implica adecuaciones normativas, procedimientos diferenciales incluyentes construidos desde quienes viven en situación de discapacidad y procesos de capacitación para la atención a cada divergencia focalizados en el tipo de actividad a desarrollar. Para que lo anterior tenga efecto es necesario trabajar con las instituciones electorales como el INE y sus contrapartes locales a fin de que reconozcan sus propias faltas en este sentido. En la presente investigación exploratoria nos enfocamos en explicar lo que acontece en el Distrito Federal. El IEDF “es la institución encargada de contribuir en el desarrollo de la vida democrática de Distrito Federal con estricto apego a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, no solo organiza las elecciones y los procedimientos de participación ciudadana para promover de forma permanente una vida plural y participativa, sino que garantiza la autenticidad y efectividad del voto con la finalidad de contribuir en formar ciudadanos informados, responsables, participativos, y capaces de defender sus derechos políticos—“. 

En la Ley para la Integración al Desarrollo de las Pcd del Distrito Federal, el articulo 38 estipula que IEDF, “deberá realizar las acciones que correspondan a fin de promover activamente un entorno en el que las Pcd puedan participar plena y efectivamente en la vida política, principalmente deberá garantizar su derecho a votar y ser elegidos, es por lo anterior que el IEDF tiene como responsabilidad contar con el material adecuado, como son: mascarilla braille con instructivo, cancel modular electoral, clip sujeta boletas, sello “X”, embudo en las urnas y etiqueta braille, urna electrónica, crayón triangular, nueva marcadora de credencial, nueva caja paquete, arnés…”A pesar de lo anterior, es la práctica de la atención a las Pcd lo que ponemos en cuestión pues creemos que no son consideradas como votantes efectivos y aunque sus necesidades parecen ser tomadas en cuenta mediante la existencia de materiales de apoyo para el voto, en la práctica éstos rara vez son considerados por los funcionarios quienes por lo general desconocen su existencia y formas de uso debido a la falta de capacitación adecuada. 

La observación desde la discapacidad como método El proceso de indagación de éste estudio, consistió en un proceso de observación participativa incluyente que se fue desarrollando de manera reactiva en varios campos durante varios momentos en el lapso comprendido entre 2006 y 2012.- ambos años de elecciones generales en México-. En un primer campo se buscó explorar acciones y participar con instituciones clave del proceso en dos frentes: el de la organización de los procesos electorales y el de la información pública sobre los procesos. 

Se participó en el diseño e implementación de simulacros electorales, estrategias informativas y se entrevistó a informantes clave en diferentes momentos. En el segundo campo se procedió a actuar en el marco de los mecanismos previstos por la ley para problematizar la experiencia institucional de los institutos electorales y observar las distintas acciones y reacciones de los mismos frente a una problemática de ciudadanización de la discapacidad, por lo que solicitamos capacitación como observadores electorales para un grupo de personas con discapacidad, familiares de los mismos y personal de atención a la discapacidad. 

A fin de sistematizar la información se llevaron a cabo pláticas semi-informales entre los participantes de esas experiencias y se hicieron recuentos de las mismas que derivaron en la elaboración de una crónica y en la organización de un contingente de personas con discapacidad que observarían la jornada electoral del 2012. 
Se coordinó para las elecciones un grupo de Pcd, padres y especialistas del tema, como observadores electorales. En éste proyecto se analizaría la experiencia y el trato a la discapacidad en el proceso electoral, pero desde la perspectiva de la discapacidad. Para el efecto se organizaron 4 células de observación integradas por 4 personas representantes de cada una de las categorías genéricas de la divergencia funcional: intelectual y del comportamiento, física y de movilidad, sensorial auditiva, sensorial visual y 2 familiares o profesionales de atención a Pcd cada una, así como una unidad de control del proceso. 
Siguiendo las normas de la observación electoral se participó en las capacitaciones a observadores ofrecidas por el IEDF y el día de las elecciones se observò el proceso del voto en múltiples casillas. Se cubrieron diferentes zonas de la ciudad y el área conurbada en Iztapalapa, Cuauhtémoc, V. Carranza, Xochimilco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo en el DF y Chicoloapan e Ixtapaluca en el Estado de México. 
Realizamos un control de la dirección, el número de casilla observada y la hora de observación. Se portó de manera visible el gafete que acreditaba a las personas como observadores y hubo un acercamiento con los funcionarios de casilla para que se presentaran las personas que desempeñarían el rol de observadores. 
La actividad se realizó en base a una guía de observación acordada previamente en la que se destacaron los siguientes puntos: Accesibilidad física universal de casillas, accesibilidad universal a la información en casillas, presencia y uso de materiales de apoyo, funcionarios con alguna discapacidad, incidencia y trato de población con discapacidad y percepción social de y sobre votantes con discapacidad. 
Posteriormente cada observador realizo un reporte personal destacando sus impresiones. En paralelo el tercer campo consistió en un estudio exploratorio vía internet de la percepción social de las relaciones voto y discapacidad, mediante la elaboración de dos encuestas abiertas, una dirigida a conocer la experiencia de Pcd en procesos de voto y otra dirigida a población en general para conocer su opinión sobre la inclusión social a través del voto. 

La primera fue respondida por 25 personas y la segunda por 47. Hallazgos y eventos destacados durante la observación. Una vez realizado y terminado el ejercicio de observación electoral desde Pcd en sus diferentes fases en el área metropolitana de la ciudad de México, encontramos: 

1.- Accesibilidad física universal de casillas. La accesibilidad que las Pcd tuvieron en las casillas resultó muy complicada, debido a que los espacios no estaban acondicionados para facilitar el acceso de sillas de ruedas u otros equipos de apoyo a la movilidad, encontramos entornos con escalones y pendientes peligrosas así como espacios reducidos donde la población se concentra creando una situación de peligro potencial para cualquiera, ya que en muchos casos se instalan en casas o estacionamientos y no son adaptados. 
Mamparas y urnas se ubican en disposiciones poco prácticas, con obstáculos y no permiten su uso a cualquiera. El IEDF no abasteció de manera adecuada de urnas especiales y no se propuso algún método para reconocer esas urnas y usarlas. Hay asimismo un borramiento de la Pcd a nivel legal en el momento en el que la mayoría no cuentan con ningún documento de validez oficial, porque se piensa que no lo necesitan. 
Ello implica una tácita violación al derecho de accesibilidad universal aunque no se manifieste en el ámbito físico sino simbólico, pero no sólo es un problema de la institución sino también del entorno inmediato de la Pcd cuyos familiares minimizan su participación y no les informan de sus derechos y obligaciones así como las mismas Pcd incurren en falta al no tomar su derecho en sus manos. 

2.- Accesibilidad universal a la información. Existe un vacío en las estrategias de comunicación, en los materiales y en la capacitación de los funcionarios en cuanto al tema de la discapacidad. 
La información que se maneja en las casillas para poder ejercer el voto, está pensada para el público en general y no se ofrecen alternativas que consideren las divergencias funcionales obligando al interesado a buscar el dialogo directo como única vía de información; los ciudadanos insaculados como funcionarios están más preocupados por el proceso general que por la atención diferenciada y ello entorpece el proceso. 
No existen apoyos para facilitar la comunicación como papel y lápiz, interpretes en LSM, o materiales informativos en Braille. La falta de accesibilidad a la información universal, no es una situación que sólo suceda en el momento de la votación sino que se hereda del proceso general pues no hay procesos de difusión incluyentes para promover la participación de las Pcd, se trata de un escenario que en el ámbito de la vida política se marca abiertamente, como señala Lourdes Silva, coordinadora general del proyecto en la crónica del mismo “cuando llegamos a las reuniones del IFE preguntamos; ¿tenemos los materiales en braille?, ¿tenemos materiales en video para las personas sordas?, ¿y tenemos materiales de fácil lectura para personas con discapacidad intelectual? y nos decían -no, porque nosotros nunca consideramos que un ciudadano con discapacidad pueda ser observador electoral”. 

3.- Presencia de materiales de apoyo. 
Los materiales existentes para las Pcd en ciertas casillas son prácticamente ignorados, no se tiene conocimiento de su uso debido a la falta de capacitación, lo que también implica que en las mesas de voto no haya personal preparado para resolver problemas que fueran surgiendo en el momento de recibir a una Pcd. 
Más de un funcionario arguyó ignorar la existencia de urnas especiales, plantillas braille o lápices especiales y por lo tanto permanecieron sin usar, arrinconados, a pesar de su utilidad para casos específicos. Los materiales están disponibles y el interés de algunos funcionarios a nivel institucional está garantizado, pero la falta de información sobre el trato a las Pcd y el fallo de capacitación a ciudadanos insaculados impiden su uso efectivo. Es por eso que también es necesario hacer una valoración de los materiales e instrumentos, con el fin de precisar si se requieren mejoras o cambios. 
En la crónica de la observación se relata que antes de las elecciones el grupo preparó y difundió vía Notimex unas guías para facilitar el voto a los diferentes tipos de discapacidad. Ese material fue entregado al IFE para su distribución pero no fue incluido en los paquetes de instalación de casillas ni indicado su posible acceso a los ciudadanos insaculados. A pesar de ello de manera personal algunos funcionarios las conocían y las usaron como referencia durante el ejercicio como iniciativa personal. 

4.- Funcionarios con alguna discapacidad. Aunque durante la observación electoral se consiguieron muchas cosas, por ejemplo, que algunos funcionarios del IEDF entendieran el papel de las personas con discapacidad como ciudadanos, aún no se ha logrado que las PCD formen parte del personal de casillas. En los reportes entregados por los observadores no se registró ninguna persona con discapacidad cumpliendo el rol de funcionario de casilla. 

5.- Incidencia, trato y percepción de población con discapacidad. “Faltan asesores, funcionarios informados y capacitados para darle atención a este sector de la población”( Sebastián ­–Parálisis Cerebral-. 2012 reporte de observación electoral). Esta es la percepción general de los observadores participantes. 
En cuanto al trato, hay mucha disposición de la mayoría de los funcionarios en querer ayudar a las Pcd para que puedan ejercer eficazmente su derecho, pero no están adecuadamente informados, como consecuencia de un error constante que ha tenido el IEDF: la falta de atención al tema en los procesos capacitación. 
La responsabilidad recae en los ciudadanos, en las familias y en las personas con discapacidad para que el ejercicio del voto sea incluyente. Las instituciones han desarrollado políticas de atención pero no mecanismos para que se apliquen efectivamente y por ello no dan las herramientas suficientes para que ocurra. 
Sin embargo en ocasiones los materiales de apoyo demostraron su eficacia Por ejemplo en la casilla número 4210 en Xochimilco, se presenció la asistencia de una persona con discapacidad visual que ejerció un voto asistido acompañado de un familiar. 
El IEDF proporcionó los materiales adecuados, como una lupa para personas con deficiencia visual, las mascarillas brailles, la mampara portátil y el sello (Quiroz, -Pcdi- 2012 Reporte de observación de casilla). 
Es significativo mencionar que la afluencia de Pcd, en el ejercicio del voto, es poca, principalmente han acudido personas de la tercera edad. El sector de Pcd que menos participación y presencia tuvo, fueron las personas con discapacidad intelectual, aunque generalmente ejercieron el voto sin ningún inconveniente, a pesar de los fallos que se tuvieron con respecto a éste grupo social. (Aviña – discapacidad psicosocial- 2012 Reporte de Observación) 
En general cuando se detectó la asistencia de Pcd, en su mayoría personas en silla de ruedas o con discapacidad visual, nunca se presentó el problema de no dejarlos ejercer su derecho de voto por ejemplo en la casilla numero 4213 Xochimilco, se presentó una persona con discapacidad, “un joven en silla de ruedas acompañado de una señora, pudo ejercer su derecho al voto, mostraba cierta seguridad y se le veía satisfecho de cumplir con su obligación ciudadana” (Quiroz 2012 Reporte de observación) sin embargo en algunas casillas se observaron funcionarios con un comportamiento poco paciente hacia las Pcd. 
Por otro lado, las encuestas demuestran que la percepción de los votantes funcionalmente divergentes entre la población que vive con o sin dicha condición es mayormente positiva; la intención era conocer la perspectiva general que se tiene sobre la relación discapacidad-ejercicio del voto, en ese sentido las respuestas indican que: La mayoría opina que el voto de las Pcd, puede influir de manera importante en los resultados de la votación. 

Asimismo considera que según la condición individual las Pcd pueden ejercer el voto y tienen el derecho a hacerlo. Muchos sostienen que lo deben reclamar y aplicar. Sin embargo sigue apareciendo como limitante la noción de dependencia a partir de la discapacidad que se traduce en una amplia gama de consideraciones, desde valorar como inútil el ejercicio para las Pcd Intelectual pues no pueden ejercer juicios fundados, hasta la dificultad de quien no es capaz de acudir a las urnas. 

El objetivo sería vencer este tipo de murallas y reconocerlos a todos como ciudadanos, sin importar el tipo de discapacidad con que se cuente. 

Otro hallazgo importante, es que se considera que las Pcd deberían estar registradas en el padrón electoral como tales. Es nuestra opinión que en los registros debiera consignarse la condición con meros propósitos operacionales para prever posibles estrategias dirigidas a la participación ciudadana en equidad pero que el dato no debiera aparecer en la credencial pues ello suscitaría posibles momentos discriminatorios. 

Los encuestados consideran que muchos de los conflictos que tiene éste sector no solo dependen de la institución sino que la familia o el círculo social al que pertenecen han participado en la construcción de su exclusión. Sin embargo las instituciones han jugado un gran papel en continuar ésta visión, porque no se han encargado de realizar un trabajo eficaz y continuo para solucionar éstas problemáticas por lo que en el caso de lo electoral se evalúa la actuación de las instituciones como insuficiente. 

La mayoría de la población conoce con poca precisión los materiales de apoyo para el voto que ofrecen las autoridades y sólo en ocasiones mencionan alguno de ellos, ya sea porque les afecta directamente o por conocimiento casual, pero están de acuerdo en dar uso y contar con los diversos materiales. Es claro que hace falta mayor difusión sobre las diferentes alternativas para votar que tienen las personas con alguna discapacidad y sobre todo falta la capacitación para funcionarios, familiares y para las mismas personas con discapacidad. 

A pesar de esta percepción pública favorable a la participación política de las Pcd, en las reglamentaciones y el imaginario se establecen limitaciones que se manifiestan en la práctica como se desprende del caso de José Alberto que encontramos en nuestro proceso de observación y acompañamos. Se trata de un joven de 22 años con parálisis cerebral, que realizó su trámite en tiempo y forma para obtener su credencial para votar para su primera participación en un proceso electoral. Su hermana de 25 años insaculada como funcionario de casilla, encontró durante su capacitación que el IFE en el capítulo 5 de su manual de funcionarios bajo el apartado ¿Quiénes no pueden entrar en las casillas? especificaba que las personas privadas de sus facultades mentales no eran aptas para votar. 

Animal Político, revista digital de política presenta la lucha de José Alberto, y consigna que el día previo al voto, logró que el IFE modificara el punto restrictivo del manual, una medida que beneficiaría a más de 300 mil mexicanos. 
Sin embargo a pesar contar con un oficio revocando el artículo 266 del COFIPE, la medida sólo resultó retórica pues la información no pudo ser socializada efectivamente ante la premura de tiempo. 

Reflexiones y recomendaciones finales 
La experiencia del colectivo Yo elijo ha demostrado que la participación política de las Pcd es viable en diferentes formas y que esta le da a los involucrados un importante valor y reconocimiento como ciudadanos, ser tomados en cuenta como observadores y vivir un trabajo respetado y protegido por las regulaciones institucionales ofrece a las Pcd tribuna para opinar y territorio ciudadano compartido desde su divergencia. 

Sin embargo la participación política de las Pcd a nivel representacional y en funciones públicas es una utopía que a veces es alcanzada como excepción y se presenta siempre desde esa perspectiva, la de la excepción que valida las políticas institucionales pero que en realidad confirma la regla. 

Se trata más de una política de fachada que de una acción de políticas de integración. Esto se traduce en que la ciudadanización de las Pcd a través del voto es mayormente un acto retorico de reconocimiento del derecho al derecho pero no de ejercicio práctico y efectivo del derecho. Las preocupaciones por aspectos considerados más trascendentes de lo político incluyendo la vigilancia de la elección durante la jornada electoral por ejemplo opacan y borran la importancia de la participación política ciudadana de las Pcd y sólo se atienden sus necesidades y requerimientos de manera extraordinaria. 
Sin que ello devenga en una verdadera integración. Nuestras recomendaciones, intuidas al principio del ejercicio y comprobadas durante el trayecto siguen siendo válidas por ello repetimos que: 

A) Es necesario promover en el entorno cotidiano de las Pcd la importancia de su participación política para que sea desde su voz que se erijan como ciudadanos. 

B) Es necesario que las Pcd asuman como obligación su derecho a ejercer sus derechos. 

C) Las instituciones requieren modificar el diseño de sus estrategias de atención incorporando en el proceso a quienes viven en su cuerpo y su acontecer diario con la condición y no solo considerar la voz de expertos sino de usuarios directos. 

D) Sería recomendable que Personas con discacpaidad capaciten a los funcionarios electorales de base a fin de que estos últimos vivan la experiencia directa y en carne propia las divergencias y así sean capaces de implementar mejor trato de cada una de las divergencias funcionales. 

E) Es imperativo llevar a cabo una revisión de las normativas para armonizar las reglamentaciones prácticas a las referencias jurídicas  y acuerdos internacionales que el estado ha adquirido y presume. 

Bibliografía: 
Aviña Chávez Enrique, Observador Electoral con Discapacidad Psicosocial en “Reporte de observación electoral 2012”. Documento de trabajo Pirinola A.C. 

Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) Artículo 266 (Vigente al 06/06/20) .en: www.dis-capacidad.com/nota.php?id=1942. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 34 Convención Americana sobre Derechos Humanos Artículo 23 Hernández, M. “Asume diputado con discapacidad visual curul en Durango” (en línea). 

El Universal. 2 de abril de 2007, (consulta: 1 septiembre 2014). 

Levin Rojo Elias La transformación del discurso de la discapacidad a partir del uso de medios de comunicación. La experiencia del colectivo La Pirinola Tesis Doctorado en Ciencias Sociales Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México. 2012

 “Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal”. Artículo 38, Capitulo IX de La Participación en la Vida Política y Pública Martínez Paris, “Él logró el voto para las personas con discapacidad” (en línea). Animal político. 16 de dic. 2013. (consulta: 10 de septiembre de 2014) 

Observatorio Fuerza Ciudadana Informe Final del Observatorio de Programas de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

Borrador.2013 Oliver Mike “¿Una sociología de la discapacidad o una sociología discapacitada?” En Discapacidad y sociedad, coord. Len Barton. Barcelona España Editorial Morata. 1998 OMS. Ver Organización Mundial de la Salud. 2001 Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud CIDDM 2 Borrador final. 
Versión completa en http://www.who.ch/icidh consultado el 23 de junio de 2014. ONU. Ver Organización de las Naciones Unidas. 2007. 

Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad México, CONAPRED (CDPD) 

Pantano Liliana “Nuevas miradas en relación con la conceptualización de discapacidad. Condición y situación de discapacidad”. En Visiones y revisiones de la discapacidad. Patricia Brogna comp. México: Fondo de Cultura Económica 2009 

Pavia Agustin de “El COFIPE no garantiza el derecho a votar de todas las personas con discapacidad” en línea http://www.dis-capacidad.com/nota.php?id=1942 consultado 10 de septiembre 2014 

Quiroz Dufau Daniel, Observador Electoral con Discapacidad Intelectual en “Reporte de observación electoral 2012” Documento de trabajo Pirinola A.C 

Silva Lourdes/ Murga Natasha “Crónica del Proyecto Yo Elijo”, Documento interno Pirinola AC (2013) 

Sebastián, Observador Electoral con Parálisis Cerebral en “Reporte de observación electoral 2012” Documento de trabajo Pirinola A.C.